Ayuntamiento de Teruel

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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, COMARCAS Y DIPUTACIONES.

Foto pleno

El Ayuntamiento de Teruel, siguiendo la línea de anteriores acuerdos plenarios relacionados con el superávit en Enero de 2020 y superávit -covid-19 en abril de 2020, y de las últimas resoluciones de la FEMP y de la FAMP, solicita al Gobierno de España:

 1. Exigir al Gobierno de España no detraer el superávit acumulado en los Ayuntamientos de toda España para su utilización en otros fines que no sean la propia gestión de los recursos por parte de las entidades locales, respetando y garantizando el uso de sus remanentes y superávits tal y como les ampara la Constitución Española.

 2. Adoptar medidas de flexibilización del impacto de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el uso del Remanente de Tesorería, que permitan el uso de excedentes locales para los gastos derivados de la pandemia y planes de reconstrucción.

3. Facilitar recursos a todas las Entidades Locales para financiar con recursos del Estado y con cargo a los presupuestos Generales del mismo, lo siguiente:

Para 2020 un fondo de 5.000 millones de Euros no reembolsable para las entidades Locales y para 2021 una cantidad no inferior a 1.000 millones de Euros, en este reparto en las corporaciones locales no solo se tendrán en cuenta el número de habitantes sino que se considera necesario introducir un coeficiente corrector en atención a fomentar el reequilibrio de las áreas territoriales con un mayor impacto por el despoblamiento rural o reto demográfico.

 4. Adelanto, de al menos, del 50% de las cantidades pendientes para el año 2020, de las entregas a cuenta de las EE.LL de la participación en los tributos del estado (PIE).

 5. Dar cumplimiento del resto de puntos de acuerdo adquiridos en la FEMP por parte de todos los partidos políticos para ayudar en la recuperación de los sectores económicos y sociales de nuestro país.

6. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, a la Ministra de Política territorial y Función Pública, a los Portavoces de los grupos políticos del Congreso y el Senado de España.